LA MARINA PLAZA

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Publicado: miércoles, 18 marzo, 2020

¡Deroguen la ley Montoro, pero ya!

OPINIÓN

Artur Balaguer

La situación ya no admite más demoras. En los últimos meses, numerosos alcaldes valencianos y unos cuantos de la Marina Alta han solicitado públicamente que el Gobierno modifique la legislación y les permita invertir el dinero que han ido acumulando en los bancos tras sucesivos superávits como consecuencia de las restricciones que impuso la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, que recoge, entre otras medidas, la llamada regla de gasto.

Esta regla es una tasa de referencia basada en la media móvil de crecimiento del PIB español. Por ejemplo, en 2016 el Ministerio de Economía la calculó en el 1,8% y en 2017 en el 2,2%. La consecuencia es que ninguna administración podía superar en ese porcentaje el gasto del año anterior. Y esto se les ha aplicado a rajatabla a los ayuntamientos, pero no tanto a las comunidades autónomas y, por supuesto, no se lo ha aplicado el gobierno de turno, ni siquiera lo cumplió el que implantó la norma conocida como Ley Montoro, que toma el nombre del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Pero ahora es ya una obligación urgente derogar esa ley, al menos en la parte que concierne a la capacidad de gasto de los municipios. La crisis sanitaria trae aparejada una crisis económica de una magnitud desconocida hasta ahora y cuyas consecuencias son imprevisibles.

Hace un año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya puso el dedo en la llaga al advertir que los ayuntamientos españoles tenían más dinero inmovilizado en el banco (27.000 millones) que soportaban de endeudamiento (26.000 millones). Y aunque también el año pasado se ampliaron las condiciones para invertir ese dinero y puede que la cantidad inmovilizada haya incluso disminuido, esta es una muy buena oportunidad para que los gobiernos locales, que generan un 0,5% de superávit fiscal que sirve para compensar la incapacidad del Gobierno para contener el déficit, tengan las manos libres para promover inversiones que generen empleo, para distribuir ayudas condicionadas a la contratación, para inyectar dinero en el sistema, en definitiva.

Son alrededor de 20.000 millones de euros parados, que, a mayor abundamiento, como los tienen apalancados los bancos, puede que estén circulando en la economía especulativa, en lugar de en la productiva. Y no solo eso, sino que los bancos incluso han intentado cobrarles una comisión a los consistorios por tener el dinero paralizado y depositado en sus cuentas.

En la Marina Alta, el caso más sangrante tal vez sea el de Benissa, que pretende aprobar sus primeros presupuestos desde 2016. Con unas cuentas que recogen unos gastos de 15,4 millones, resulta que tiene 10 en los bancos que no puede tocar y que ha ido acumulando de ejercicios anteriores. Pero hay otros muchos ayuntamientos en su situación.

Casi el 95% de los ayuntamientos redujo su deuda el año pasado, que ha disminuido más de un 50% en los últimos cinco. Su capacidad para cumplir bajo control está más que demostrada, pero lo que ya no tiene ningún sentido con la que se avecina es a seguir obligándoles a tener dinero que ahora es necesario inyectar en la sociedad en una nevera.

El funcionamiento de la maquinaria municipal requiere que este medida se adopte cuanto antes. Muchos tienen ya sus presupuestos aprobados y las modificaciones de crédito requieren de su tramitación administrativa y determinados plazos. Ahora muchos de ellos prácticamente han cerrado puertas, así que cuanto antes los gobiernos locales sepan que van a poder disponer del dinero generado por su buena gestión anterior, mejor, antes podrán ponerse a trabajar y a pensar y preparar medidas para el plan Marshall que incluso ha llegado a solicitarle a Europa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya ha anunciado una inyección de 200.000 millones de euros.

Tiene unos 20.000 por donde empezar.

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