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Publicado: martes, 13 febrero, 2018

El juez del caso Fitur Costa Blanca pide a Benissa, Teulada y El Verger sus contratos con las empresas de la trama

  • La cantidad defraudada entre 2004 y 2009 es de 3,2 millones en el caso del Patronato de Turismo, pero se eleva a 6 si se suman las adjudicaciones de ayuntamientos gobernados por el Partido Popular aquellos años
  • El PP de Teulada niega las acusaciones y aporta para ello los datos de los contratos realizados con las mercantiles investigadas, que fueron de escasa cuantía
  • Compromís sospecha que desde la diputación se dio orden a los consistorios para que contrataran con esas dos sociedades

El procedimiento judicial abierto, en fase de diligencias previas, en el donominado caso Fitur Costa Blanca podría acabar afectando a más administraciones que la Diputación de Alicante. El juzgado número 7, que ha citado ya a declarar como investigados a la exalcaldesa de Dénia, Ana Kringe, y a Miguel Juan Baldó por su condición de gerentes del Patronato de Turismo en los años en los que, presuntamente, se habrían malversado 3,2 millones de euros en pagos a dos empresas, ha solicitado a diferentes ayuntamientos gobernados entonces por el PP información sobre los contratos que establecieron con esas dos mismas mercantiles. Entre ellos, tres de la Marina Alta: Benissa, Teulada y El Verger.

El acceso al pabellón 7 donde se ubicaba el estand de la Costa Blanca en una pasada edición de Fitur.

Este lunes, Compromís, que el año pasado destapó el caso tras poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, anunciaba que se persona en el proceso abierto por el juzgado. Lo hace, señala la coalición, “para intentar recuperar todo el dinero presuntamente defraudado en la Diputación de Alicante por las empresas del matrimonio de Mercedes Lasa y Javier Molinos”, responsables de las dos empresas beneficiarias de los contratos, Exporigging y Stands Molinos. El fraude, según la Fiscalía, habría alcanzado los 3,2 millones entre 2004 y 2009 en lo relativo al Patronato de Turismo, dependiente de la diputación, pero alcanzaría los 6 millones si se suma lo facturado por ayuntamientos en ese periodo por diferentes ayuntamientos gobernados por el PP: Altea, Benidorm, Teulada, Benissa, El Verger y Torrevieja.

El PP de Teulada niega cualquer irregularidad

Conocedor de que el juzgado ha solicitado al Ayuntamiento de Teulada información sobre los contratos del ayuntamiento entre 2004 y 2009 con las dos empresas investigadas, el Partido Popular del municipio ha querido aclarar, aportando los datos de aquellas contrataciones, que el consistorio no incurrió en irregularidad alguna.

Según esos datos aportados por el PP, la Concejalía de Turismo contrató la asistencia a la Feria de Turismo de la Comunitat Valenciana de los años 2006 y 2007 y a la de Fitur de 2007 con una de las empresas investigadas: Stands Molinos. Sin embargo, esas contrataciones se llevaron a cabo bajo el estricto cumplimiento de la normativa de contratación, recalcan los populares.

En este sentido, el PP de Teulada concreta que la contratación para la Feria de Turismo de la Comunitat Valenciana fue por un importe de 2.155,17 euros en 2006 y de 2.500 euros en 2007; y que para la de Fitur el coste fue de 3.000 euros más IVA. Es decir, que “ninguna de las facturas supera ni siquiera la cuarta parte del importe de un contrato menor”. En aquellos años, se consideraban contratos menores y que, por tanto, se podían adjudicar de forma directa, aquellos que no superaran la cuantía de 12.000 euros.

Asimismo, los populares señalan que “en todos los casos” se siguió “el procedimiento legalmente establecido y el pago se efectuó una vez comprobados por el técnico de Turismo y el visto bueno del concejal delegado sobre los trabajos realizados”.

Y es que para el PP este caso Fitur del Patronato Costa Blanca responde “al interés de un partido como es Compromís de judicializar la vida política y que no se hable de su nefasta gestión al frente de la mayoría de instituciones que gobierna”. Y con ello, añade, “lo único que consiguen es ensuciar el nombre de nuestros municipios dándoles una publicidad que no se corresponde con la realidad”. Mientras, dicen los populares, “el Ayuntamiento de Teulada como municipio turístico al que representa ha participado, participa y participará en las ferias turísticas que se consideren de interés, y para ello necesita realizar las contrataciones que sean necesarias, siempre desde la legalidad y la transparencia que le caracteriza”.

Fuentes de Compromís señalan, por su parte, que efectivamente los pagos realizados por ayuntamientos como el de Teulada en aquellos años no serían de por sí ilegales. Si están bajo investigación no es tanto por contrataciones ilegales de esos consistorios como por la sospecha de que esos pagos podrían ser parte de la operativa global de la trama bajo investigación. Para decirlo con las palabras empleadas por esas mismas fuentes, que “desde la diputación se habría ordenado a los ayuntamientos que contrataran con esas empresas”.

Hay que decir, también, que aunque la mayoría son ayuntamientos que gobernaba entonces el Partido Popular, otros dos consistorios de la comarca también contrataron con una de esas dos mercantiles, Stands Molinos. En concreto, el de Dénia, en manos entonces de PSPV y Bloc; y el de Xàbia donde el PP formaba parte de un gobierno encabezado por Bloc-Centristes y la participación, también, de Ciudadanos por Jávea (CpJ).

El ‘modus operandi’ de la supuesta trama, según Compromís:

Por otra parte, Compromís ha detallado hoy el funcionamiento de la presunta trama, según sus sospechas. Un relato según el cual había cuatro maneras de evitar la concurrencia pública para la contratación de estas empresas:

  1. Contratos menores que, por tanto, y con arreglo a la legislación, se adjudicaban directamente. “Llama la atención la ingente cantidad de facturas presentadas por valores entre los 11.000 y 12.000, en muchos casos 11.999 y cantidades semejantes”, dice Compromís. En los años donde eso ocurre, el límite para este tipo de adjudicaciones eran los 12.000 euros. “Muchas de esas facturas, que sumadas dan cuantiosas cantidades, eran abonadas el mismo día”, por lo que la coalición deduce que se practicó el “fraccionamiento” de contratos.
  2. Contratos negociados sin publicidad. Los inferiores a 30.000 euros o los que suponen una ampliación de otro más grande. “Invitaban a tres empresas: una de ellas declinaba sistemáticamente la oferta (siempre con la misma carta) y las otras eran de los mismos propietarios. Por tanto, realmente, solo se estaba presentando una oferta económica y no había concurrencia o competencia real”, dicen los valencianistas.
  3. Contratos abiertos:

A) Los anteriores a la ley de contratos de 2007: en la ley de contratos de 2000 los términos mínimos para la presentación de ofertas eran muy reducidos (15 días) y aún lo eran más si el procedimiento era por urgencia (7 días). Cuando la presentación de ofertas no era por urgencia, las licitaciones coincidían con vacaciones (Navidad, 1 de mayo…). En otras ocasiones el presidente firmaba la urgencia y, por tanto, el término para presentar proyectos y documentación por valor de 400.000 o 500.000 euros era de solamente 7 días (fines de semana incluidos). El resultado es que a todas estas licitaciones únicamente se presenta Stands Molinos SL.

B) Con el cambio legislativo en materia de contratos, los plazos se amplían considerablemente. Se amplían a 54 días mínimos, 27 en casos de urgencia. “Así que lo que hacen es cambiar los criterios de valoración”, señala Compromís. Ejemplo: en un contrato de 600.000 euros de los estudiados acaban presentándose 5 empresas y el contrato acaba siendo parar Stands Molinos, que es la que presentaba la oferta más cara. ¿Cuál es la trampa? Los criterios del precio, en este caso, computaban un 10% mientras que el diseño, en cambio, lo hacía un 50%. Es decir, puntúa más un criterio subjetivo. En este caso, además, al primar la subjetividad, requiere que haya una comisión con tres técnicos especializados, cosa que no ocurrió en ese caso, puesto que únicamente firma una técnica.

Las facturas de la Diputación con las empresas de la trama

Año 2004. Stands Molinos SL factura 102.219,99 euros el primer ejercicio que en Compromís tienen constancia de que participa con la Diputación en la realización y decoración de estands. Ese año participa la empresa en la decoración del Estand de Fitur (3.862,49 euros) del patronato Costa Blanca. El grueso de la facturación, no obstante, se lo lleva a través de siete contratos (que suman 79.280,5 euros) para la realización de un estand para las siete ferias que se desarrollaron a lo largo del año. De los siete contratos, seis oscilan entre los 11.000 y los 12.000 euros (solo uno no supera los 11.000, quedándose en 10.950, 40). Los siete contratos tienen la misma fecha de facturación: 23 de noviembre de 2004.

Año 2005. Stands Molinos SL y Exporigging facturan 712.486,85 euros, de los cuales 85.959,91 son para la segunda. Exporigging entra en escena a través del montaje de la infraestructura de los estands (truss, cubos, bulones, dotos, etc). Stands Molinos se consolida como empresa contratante y se le adjudica el estand de Fitur (324.800,00 euros), además de diversos contratos por más de 80.000 euros y otras operaciones contractuales, siempre con facturaciones muy similares al 2004, entre los 11.000 y 12.000 euros.

Año 2006. Año del despegue: ambas empresas facturan a la Diputación 1.035.915,63 euros. Stands Molinos SL consigue su segundo estand de Fitur por el doble de lo que facturó el año anterior, 655.000 euros (son 70.000 euros menos del total facturado en todo 2005). Nuevamente aparecen 15 contratos entre los 11.000 y 12.000 euros, algunos cuadrando los 12.000 euros y otros rozándolos (11.999,97; 11.992,39; 11.984, 41, etc.), todos pagados para distintas ferias.

Año 2007. Exporigging desaparece de la contratación del Patronato. Solo consta Stands Molinos, que factura 522.332,8 euros. Se produce el cambio en la ley de contratación y desaparecen los contratos menores, se empiezan a unificar. “Curiosamente, también disminuye la facturación. No obstante, no desaparece la ilegalidad… Simplemente se transforma”, señalan los valencianistas.

Año 2008. Aparece sólo Stands Molinos SL. Factura 843.053 euros por cinco contratos.

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