LA MARINA PLAZA

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Publicado: miércoles, 15 noviembre, 2017

El Gobierno de Rajoy cierra la puerta a que Xàbia pueda recuperar la propiedad de su iglesia-fortaleza

  • El Ejecutivo considera que la decisión de la Iglesia Católica de inscribirse bienes que nadie había reclamado, como sucedió con Sant Bertomeu en 2009, fue legal y que no emprenderá ninguna acción para recuperarlos
  • La decisión del Arzobispado de València en Xàbia, que actuó a través de un cambio legal propiciado por José María Aznar en 1998, ha causado siempre una honda controversia en el municipio

Una lucha iniciada hace ya muchos años en Xàbia acaba de recibir desde el Gobierno Central un jarro de agua fría. El Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció ayer que todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1998 hasta la derogación del artículo que permitía esta práctica, en 2015, se inscribieron de forma «plenamente válida, por lo que no ve procedente realizar ninguna acción» para recuperarlos.

Con esta decisión, el Gobierno renuncia a discutirle a la iglesia propiedades tan emblemáticas en todo el Estado como la Mezquita de Córdoba, la catedral de la Seo de Zaragoza o… la iglesia-fortaleza de Sant Bertomeu en Xàbia, un magnífico templo del siglo XVI y uno de los monumentos capitales de la Marina Alta.

El de Sant Bertomeu fue un caso muy controvertido en Xàbia desde que el 21 de agosto de 2009 y según publicó entonces el diario El Pais el arzobispado de València inscribiera a su nombre en el Registro de la Propiedad la iglesia-fortaleza, a pesar de que la misma había estado incluida en el Inventario de Bienes Municipales hasta mediados de la década de los cincuenta como Bien Número 1. De hecho, Xàbia siempre consideró que Sant Bertomeu era un edificio del pueblo y que pertenecía a su patrimonio histórico.

El arzobispado realizó en aquel momento la inscripción amparándose en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Este último permitía, en un principio sólo a las administraciones públicas, registrar bienes de utilidad pública si no habían sido previamente inscritos o reclamados. Sin embargo, una modificación de la ley, realizada en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, facultó también a las instituciones eclesiásticas a ejecutar el mismo procedimiento, que por si fuera poco se podía hacer sin publicidad. Eso, por cierto, encrespó todavía más los ánimos en Xàbia.

Poco después, el entonces portavoz municipal del PSPV y ahora actual alcalde, José Chulvi, presentó una moción al pleno con el objetivo de «reivindicar la defensa de los bienes públicos de Xàbia», entre los que Sant Bertomeu ocupaba un lugar estelar. Desde entonces, el ayuntamiento siempre ha reclamado la propiedad del templo.

Ante la que se le vino encima en aquellos días de 2009, el Arzobispado de València optó por una solución de compromiso: en diciembre cedió la propiedad de Sant Bertomeu a la parroquia, considerando así que de alguna manera el templo volvía a quedarse en Xàbia. Pero no evidentemente en manos del ayuntamiento, la única institución que representa a los xabiencs más allá de cualquier confesión religiosa.

Pues bien, la cosa continuará así. Ahora el Gobierno, en una respuesta parlamentaria al diputado del PSOE Antonio Hurtado asegura que todo es legal, avalando lo que en su día hizo otro Ejecutivo del PP como el de Aznar. El de Rajoy se propone además realizar un listado de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia en virtud del artículo 206 de la la Ley Hipotecaria.

Este artículo fue derogado en 2015 y, a partir de entonces, esta práctica que contemplaba el privilegio de la Iglesia de equiparar al personal diocesano con los funcionarios públicos y le permitía realizar la primera inscripción de un bien en el Registro de la Propiedad, dejó de ser legal.

Pero eso no es ningún obstáculo para el Ejecutivo, que razona que todas las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia Católica llevadas a cabo entre 1998 y 2015 “sí se han realizado al amparo de la ley y cumpliendo con la legalidad vigente en cada momento, por lo que son plenamente válidas y los asientos del registro están bajo la salvaguardia de los tribunales, con lo que no se ha conculcado ninguna legalidad». O dicho de otra forma: que la derogación de 2015 no tendrá efecto retroactivo.

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