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VOLEM EL TREN
Publicado: Viernes, 21 Abril, 2017

Uno de los trabajadores despedidos de Calp denuncia al alcalde por «contratos fraudulentos» y desobediencia al Supremo

  • Marco Bittner, técnico de Cultura durante casi diez años, sostiene ante el juez que fue perseguido por César Sánchez a causa de su vinculación al PSOE
  • «Una familiar directa del alcalde me dijo que había apostado al caballo perdedor»
  • Asegura que la tarea que él realizaba en el consistorio fue encargada después a dos empresas externas pese al criterio contrario del interventor

César Sánchez.

El caso de los trabajadores despedidos por el Ayuntamiento de Calp regresa a la senda de los tribunales. Marco Bittner, quien fue técnico de Cultura de ese consistorio durante diez años, ha presentado una denuncia ante el juzgado de Dénia contra el alcalde de Calp y presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, por varios presuntos delitos entre los que se cuentan el de desobediencia a la autoridad, al considerar que el munícipe se habría negado a acatar la sentencia del Tribunal Supremo del pasado año que obligaba al ayuntamiento a readmitirle a él y a otros 12 trabajadores, despedidos por el gobierno local del PP en 2012.

La denuncia también se dirige al concejal calpino de Personal, el popular Manuel Cabrera, y al jefe municipal de Recursos Humanos. Y  considera que los tres podrían haber incurrido en más posibles delitos, entre los que se cuentan los de prevaricación, tráfico de influencias, trato degradante y omisión del deber de impedir o perseguir delitos.

Para justificar esas afirmaciones, Bittner asegura ante el juez que si en realidad ha sido despedido es por «persecución política», toda vez que ha estado vinculado a formaciones políticas diferentes al PP y en 2015 se integró en la lista del PSOE; subraya que una vez despedido, la función que realizaba fue encargada a empresas externas a través de contratos adjudicados «de forma fraudulenta» sobre los que el interventor ha alertado de serias irregularidades; y mantiene que un familiar directo del alcalde le anticipó que acabaría en la calle por no secundar a los ganadores en las elecciones, esto es, a los populares.

«El caballo equivocado»

El denunciante recuerda que nada más comenzar su primer mandato, en 2011, César Sánchez aprobó el Plan de Ordenación Recursos Humanos (PORHAC) que recomendaba la amortización de la plaza de Bittner a pesar de que llevaba ya cerca de diez años vinculado al ayuntamiento.

Bittner no duda en afirmar que aquel despido se debió a «motivos ideológicos que obedecían a una clara criba o vendetta política por haber participado en otra candidatura distinta a la de César Sánchez» en las elecciones de 2011. La denuncia agrega que «fue la crónica de un despido anunciado, ya que con anterioridad una familiar directa del alcalde le manifestó con sorna al denunciante que “se iría a la calle por haber apostado al caballo equivocado”».

Apartado en un despacho

Aquella amenaza se cumplió y el técnico de Cultura, «después de permanecer más de seis meses aislado en un despacho y privado de trabajo, fue despedido sin mayores explicaciones» en febrero de 2012. La denuncia asegura que el ejecutivo del PP maniobró después para que Bittner no pudiera volver a trabajar en el Ayuntamiento de Calp: así, a los dos días de ser despedido, el consistorio inició un concurso mediante procedimiento negociado para cubrir los servicios que el propio trabajador había dejado de prestar; Bittner se presentó al mismo y entonces el consistorio paralizó ese concurso.

Vacaciones y otra vez a la calle

Ya en 2016, el Tribunal Supremo declaró nulo el despido que el PP había acordado cuatro años antes y obligó a readmitir a los 13 trabajadores. Se produjo entonces un peculiar encadenamiento de circunstancias: el 1 de marzo, el gobierno de Sánchez readmitió a los trabajadores, les dio siete días de vacaciones y el 8 de marzo comunicó el cese de Bittner y de otros 6 compañeros. Esto es, el ejecutivo de Sánchez acordó un segundo despido, con lo que «habría incumplido el fallo del Supremo».

No hay trabajo

El ayuntamiento justificó tal decisión en un informe del jefe de Recursos Humanos y en otro externo contratado «a tal efecto» que venían a concluir que la sentencia del TS era «incoherente» toda vez que las plazas de los trabajadores ya habían sido amortizadas. También razonaban que el consistorio ya no necesitaba a esos profesionales porque no tenía ninguna tarea que encomendarles.

Contratos bajo sospecha

Bittner aporta en la denuncia pruebas que desmienten esa última afirmación del ayuntamiento. Asegura que las funciones que antes desempeñaba él –y que junto a la gestión cultural incluían también la coordinación del área de reprografía– fueron encargadas desde el momento de su primer despido a empresas y profesionales externos mediante contratos «realizados de forma fraudulenta».

Estos últimos se habrían hecho a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito –el famoso ORECO– emitidos en estos últimos cinco años y firmados con dos empresas externas. El interventor siempre ha puesto reparos a tales operaciones por dos razones: son «gastos que exceden del alcance de lo contratado»; y supondrían «presumible fraccionamiento del objeto del contrato»: es decir, que se habrían efectuado múltiples contratos menores para un mismo cometido con el objeto de evitar un concurso donde pudieran presentarse otros candidatos.

Así pues, «los informes esgrimidos por el ayuntamiento afirmaban falsariamente que el motivo del despidos se basaba en la falta de trabajo del departamento o del puesto laboral del denunciante», arguye el denunciante.

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