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Publicado: Miércoles, 15 Marzo, 2017

El TSJ anula la gestión del Marjal de Pego por su falta de protección medioambiental

  • Una sentencia reprocha que el anterior Consell del PP no dotara al parque natural de herramientas ni de fondos económicos para la preservación de todo su entorno

El río Bullent a su paso por el Marjal de Pego.

La política medioambiental durante la época del PP al frente del Consell ha recibido un nuevo varapalo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha anulado el decreto 192/2014 del anterior ejecutivo autonómico por el que se aprobaron las normas de gestión de diez espacios naturales de la Red Natura 2000  entre los que se encuentra el del Marjal Pego-Oliva

La sentencia según Ecologistas en Acción, que interpuso el recurso, constata el mínimo interés de la Conselleria, dirigida entonces por la actual líder del PP valenciano, Isabel Bonig, en la protección de espacios. El auto judicial explica que «no hay estudio económico, porque no hay ningún gasto que hacer, lo que demuestra el perfil absolutamente bajo del interés de la administración en este decreto» y la falta de herramientas para poder hacer frente a posibles agresiones al ecosistema del paraje.

La nulidad del decreto se produce por dos motivos fundamentales. Por un lado, porque se aprobó sin la obligatoria evaluación ambiental y, por otro, porque la normativa es «manifiestamente insuficiente» para la protección de estos espacios.

Según la organización ecologista, el mayor incumplimiento era la situación en que quedaron las superficies de la Red Natura 2000 que coinciden con la periferia de los parques naturales. La insuficiencia de medidas protectoras, según Ecologistas en Acción, «es capital, ya que afectan a 43.350 hectáreas de toda la Comunitat entre las que se encuentran las incluidas en el Marjal de Pego-Oliva, que está integrado por 1.250 hectáreas y tiene una alta cualidad tanto en lo que se refiere a flora y fauna como a su actividad económica basada en la agricultura autóctona.

Ahora los ecologistas esperan que el Govern tome nota y trabaje «para regular y proteger estos espacios con unas auténticas normas de gestión» que solucione el limbo medioambiental en el que quedan tras la sentencia tanto el Marjal de Pego-Oliva como el resto de espacios afectados.

 

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