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Publicado: Miércoles, 8 Marzo, 2017

Calp vuelve a despedir a 9 de los trabajadores a los que readmitió por orden del Supremo

  • El ayuntamiento, que ya los echó a la calle de forma ilegal en 2012 y los reincorporó a su plantilla hace apenas un par de semanas, les da ahora un cheque como indemnización y les dice que sus servicios no son necesarios
  • Los afectados estudian nuevas medidas judiciales
  • Otras cuatro trabajadoras sí continuarán en sus puestos, aunque de forma provisional

El edil de Personal, Manuel Cabrera, y el alcalde, César Sánchez.

El gobierno local de Calp lo ha vuelto a hacer. Este miércoles ha dejado de nuevo en la calle a 9 de los 13 trabajadores a los que readmitió hace apenas un par de semanas por orden del Tribunal Supremo, que consideró en una sentencia que su primer despido, acaecido en 2012, fue ilegal y ordenó además que el ayuntamiento les abonara todos los sueldos que habían dejado de percibir desde entonces.

No obstante, el ejecutivo calpino, integrado por el PP y dos grupos independientes, mantiene ahora la misma postura que hace un lustro: considera que sigue sin haber sitio ni demanda laboral suficiente en el ayuntamiento para esos 9 trabajadores, que ocupan diferentes puestos desde peones, hasta auxiliares, limpiadores o técnicos de cultura. Además, insiste en que sus plazas están amortizadas y alude a los ajustes presupuestarios que el Ministerio de Hacienda ha impuesto a todos los municipios.

Todo ello, a pesar de que en verano, el Ayuntamiento de Calp se verá obligado a ampliar su plantilla a causa de la temporada turística y de que mientras tanto en todos estos años sí se han creado otras plazas con una fuerte carga salarial, como la del propio jefe del área de Personal.

Eso sí, el departamento de Recursos Humanos que dirige el edil del PP Manuel Cabrera ha hecho una excepción con las otras cuatro otras trabajadoras readmitidas por orden del Supremo, a las que por el momento sí ha incorporado a la plantilla municipal en tres puestos de auxiliar administrativo y otro de delineante.

No obstante, estas cuatro personas tampoco tienen asegurado su futuro laboral en el ayuntamiento calpino ya que esas plazas que ocupan estaban reservadas para la promoción interna de los funcionarios y podrían ser ocupadas en cualquier momento.

Quince días de locura

La forma en que el ejecutivo del alcalde César Sánchez ha gestionado todo este asunto ha sido cuanto menos peculiar: el pasado 1 de marzo y para acatar la sentencia del Supremo hizo efectiva la readmisión de los 13 trabajadores –en realidad eran 14, pero uno falleció en este largo proceso de litigios– pero, en una buena prueba de que no sabía qué hacer con ellos, le dio inmediatamente vacaciones retribuidas y les volvió a citar para hoy 8 de marzo.

Y ha sido al regresar de nuevo al ayuntamiento cuando se han encontrado con que 9 de ellos están en la calle. Cada uno de los despedidos ha recibido un cheque con la indemnización que les corresponde, lo que se une a la sangría que toda esta cuestión está significando para las maltrechas arcas municipales, ya que además el ayuntamiento debe abonarles todos los sueldos pendientes desde 2012.  La oposición calcula que en total, el consistorio va a gastarse en todo este enredo entre 1,5 y 2 millones de euros. Eso sí, el gobierno ha rechazado que los concejales que hace cinco años –cuando también mandaba el PP– aprobaron los despidos asuman la responsabilidad patrimonial y paguen de su bolsillo todas estas indemnizaciones.

Por su parte, los trabajadores afectados no están dispuestos a que esto acabe así: van a estudiar posibles medidas legales al considerar que en realidad el actual gabinete de Sánchez está cometiendo «fraude» en la ejecución de la sentencia del Supremo.

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