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Publicado: Miércoles, 1 Marzo, 2017

El PP pide un nuevo informe de la Generalitat sobre la suspensión de licencias de Dénia

  • Los populares acusan al gobierno local de haber ocultado a la oposición tres borradores de informe que cuestionaban la legalidad de la medida, aunque finalmente el dictamen solicitado a la diputación fue favorable

El pasado 17 de enero, el gobierno de Dénia, en rueda de prensa de la concejala de Territorio y Calidad Urbana (Maria Josep Ripoll) y el edil de Medio Ambiente (Josep Crespo), anunció que, ante las discrepancias surgidas entre los distintos técnicos del ayuntamiento sobre la legalidad de la suspensión de licencias decretada de cara al proceso de participación pública del Plan General, encomendaba un informe a la Diputación de Alicante. Y es que mientras los técnicos de la Oficina Municipal de Planeamiento defendían la legalidad de la suspensión, los borradores de informe del secretario o del arquitecto municipal le ponían peros desde el punto de vista jurídico. Apenas un poco más de dos semanas después, llegaba ese dictamen, que avalaba la medida confirmando su legalidad. Y ahora, el PP de Dénia emite un comunicado diciendo que el informe de la diputación “se apoya en varios borradores de informes que hablan de que el acuerdo tomado es ilegal”, y pide que se encargue un nuevo informe a la Generalitat Valenciana.

Las concejalas María Mut y Ana Kringe, ambas del PP, durante un pleno.

El realidad, lo que en términos de novedad desvela el PP es que, además de los del secretario y el arquitecto municipal, había un tercer borrador que apuntaba en el mismo sentido, emitido por un bufete de abogados contratado por el ayuntamiento. El caso es que el dictamen final emitido por la diputación no coincide en esa conclusión y, en cambio, va en la misma línea que los de la Oficina Municipal de Planeamiento.

Lo que el PP critica, fundamentalmente, tiene que ver más con las formas. “El equipo de gobierno presidido por Vicent Grimalt, en un nuevo alarde de transparencia, no había comunicado la existencia de dichos borradores a la corporación municipal; de hecho, el grupo popular únicamente ha tenido conocimiento de la existencia de los mismos tras una exhaustiva lectura del documento jurídico de la Diputación”, dice.

Lo demás no tiene nada de extraordinario. Efectivamente, para que elaborara su informe la diputación, el ayuntamiento le remitió los informes y borradores de que disponía; los favorables a la suspensión de licencias y los que la cuestionaban. El PP se queda ahora con los segundos, por encima incluso de lo que dice el informe final de la institución provincial, que es que la suspensión de licencias goza de plena legalidad.

Los populares insisten en que el gobierno local ocultó “de manera interesada” los borradores de informes, por lo que instan al alcalde “a que explique por qué pidió a diputación un documento jurídico que no es vinculante pese a tener tres borradores de informes sobre este asunto advirtiendo de la ilegalidad de esta medida”. Paralelamente, reclama que “de manera urgente” se pida un nuevo informe a la Generalitat Valenciana, “para que aclare la legalidad de dicha suspensión” de licencias, ya que es la administración competente para ello.

 

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