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Publicado: Miércoles, 22 Febrero, 2017

Otro intento fallido del PP de Calp por quitarse de encima la losa de los despidos

  • El pleno vuelve a tratar por segunda vez en una semana las propuestas de la oposición para que los ediles del PP que acordaron la criba de personal en 2011 respondan con su patrimonio por la condena del Supremo, pero el gobierno local no consigue zanjar el debate

La sentencia del Tribunal Supremo que condena al Ayuntamiento de Calp a readmitir a 14 trabajadores despedidos en 2011 por el gobierno local del Partido Popular y a abonarles todos los salarios dejados de percibir continúa (y continuará) protagonizando la actualidad municipal. Por segunda vez en una semana, el pleno se reunía ayer para discutir las propuestas de la oposición que, entre otras cosas, reclamaban que los concejales que aprobaron aquellos despidos respondan patrimonialmente ante la sentencia, de modo que no se graven las finanzas municipales. El gobierno local llegó a la sesión con un claro ánimo de zanjar un tema que está dañando su imagen. Le pesa como una losa. Cuando se aprobaron en 2011, los despidos ya levantaron una enorme polvareda; ahora, con la sentencia, aun más, pues le supondrá al consistorio hacer frente a entre 1,5 y 2 millones de euros. Pese a que el ejecutivo de PP, APPC y GdC llegaba al pleno con el aval de un informe jurídico encargado a una empresa externa que le iba a permitir tumbar las propuestas de PSPV y Compromís, no lo logró del todo. El asunto tendrá que ser retomado en la próxima sesión.

César Sánchez, en el centro del salón de plenos, durante la sesión de investidura en 2015.

El asunto es una bomba de relojería para el gobierno local y, en particular, para el Partido Popular. César Sánchez era también el alcalde cuando se aprobaron los despidos. De ahí que desde el primer momento haya intentado zanjarlo. Sin embargo, le está costando pasar página. Por un lado, el gobierno municipal ya comunicó al resto de grupos que los trabajadores serán readmitidos, pero vueltos a despedir al día siguiente, pero por el momento sigue sin ejecutar la sentencia. Por otro, la semana pasada intentó ahogar el debate rechazando las propuestas de la oposición; la petición de un informe a la secretaria municipal no hizo, sin embargo, más que aplazarlo.

En principio hasta ayer, pero tampoco. El pleno empezó más o menos dentro del guión que debía tener el PP. Tumbó la propuesta de Compromís, que además de acordar la responsabilidad patrimonial de los ediles de 2011 que siguen hoy en la corporación, todos del grupo popular, solicitaba también que el consistorio reclame también responsabilidad a la administración de Justicia. En vista de que el informe externo presentado al pleno descartaba que tuvieran que abstenerse los concejales que aprobaron en 2011 los despidos -como pedían los tres partidos de la oposición, PSPV, Compromís y Sí Se Puede-, los valencianistas pidieron que al menos se pudiera debatir y votar el resto de la parte dispositiva, es decir, mantener la reclamación al Estado. Pero no cuajó. PP, APPC y GdC lo rechazaron y abortaron la moción.

El portavoz valencianista, Ximo Perles, lamentó la decisión del gobierno local, pues el informe jurídico en nada impedía que se pudiera salvar la parte de la moción de reclamar responsabilidades a la administración de Justicia por el perjuicio ocasionado al tardar cinco años en resolver el litigio.

Sin embargo, el equipo de gobierno no pudo hacer lo mismo con la moción del PSPV lo mismo que con la de los valencianistas. También solicitaba la responsabilidad patrimonial de los ediles que aprobaron los despidos. El portavoz socialista, Santos Pastor, pidió retirarla dado que el expediente estaba incompleto por no figurar un informe de la secretaria municipal. Ésta llegó a intervenir para señalar que, si bien no había dictaminado la cuestión, compartía el sentido del informe externo elaborado por el bufete Noguera. El mismo que defendió al ayuntamiento frente al recurso de los trabajadores despedidos, y que apunta a que el pleno no tiene competencias para decidir la responsabilidad patrimonial de los concejales y que, aunque las tuviera, quienes aprobaron los despidos en 2011 no tendrían por qué abstenerse. El caso es que el debate se fue enredando y al final el alcalde aceptó retirar la moción.

Ediles de la oposición (PSPV, Compromís y Sí Se Puede) durante un pleno.

Con ello, el PP no se quita de encima la pesada losa que le ha supuesto este asunto. El reglamento de funcionamiento municipal, el ROF, ogliba a que la moción pase al próximo pleno, según expuso el socialista Santos Pastor. Y aunque no fuera así, su grupo la volverá a presentar. Y es que Pastor considera que este asunto tiene suficiente calado como para que el gobierno local quiera despacharlo sin más. “El quebranto económico es enorme” para el ayuntamiento, dijo, por lo que su grupo insistirá en obtener un informe de la secretaria municipal “redactado y firmado por ella”. No le basta que expresara verbalmente su adhesión al informe externo, pues en el PSPV, igual que en el resto de la oposición, mantienen serias dudas sobre la solvencia técnica de ese documento. Pastor también volvió a exigir, como hizo ya en el anterior pleno, que se haga público el coste que va a suponerle al ayuntamiento la sentencia.

En una línea similar a la de PSPV y Compromís, el portavoz de Sí Se Puede Calp (SSPC), Juan Cañas, cuestionó también el informe en el que se apoya el gobierno local para rechazar la responsabilidad patrimonial de los ediles. Señaló que no es cierto que la votación no implique interés personal de los concejales, pues las acciones a decidir “van contra ellos; les afectan directamente”. Es decir, que, como toda la oposición, la marca local de Podemos considera que los ediles del PP que aprobaron en 2011 los despidos no deberían votar sobre la responsabilidad patrimonial. Huelga decir que si lo hacen el PP tiene ganada la votación, y si son obligados a abstenerse, la ganaría la oposición.

Cañas puso también el acento en la circunstancia de que el despacho que redacta el informe sea el mismo que defendió en los tribunales la postura municipal. Parece lógico pensar, añadió, que el bufete “no se iba a pegar un tiro al pie”.

Sigue el silencio de los socios de César Sánchez

Nuevamente, los dos socios de gobierno del PP, Alternativa Popular (APPC) y Gent de Calp (GdC), guardaron silencio durante la sesión y se limitaron a votar en compañía del partido de Sánchez. Y nuevamente la oposición les echó en cara esa complicidad con los despidos, que contrasta con las duras críticas que le dedicaron al PP cuando los aprobó en 2011.

Cañas lamentó que los dos socios de Sánchez no tuvieran nada que decir ante “un tema que afecta a todo el pueblo” y que les brinda “una oportunidad única para demostrar su independencia”. En opinión del portavoz de SSPC, “una cosa es socio de un gobierno y otra dar un cheque en blanco”.

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La Marina Plaza. Noticias. Diario de la Marina Alta.