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VOLEM EL TREN
Publicado: Lunes, 20 Febrero, 2017

Calp encarga un informe externo para evitar que los ediles que aprobaron los despidos respondan con su patrimonio

  • La oposición había pedido un dictamen de Secretaría sobre si los concejales del PP que aprobaron la medida en 2011 pueden votar ahora si tienen que responsabilizarse con sus bienes
  • El gobierno local (PP, APPC y GdC) opta finalmente por encargar el trabajo al mismo bufete que defendió los despidos en los tribunales; el documento avala que pueden votar todos los ediles
  • El pleno se celebrará este martes, a partir de las 19 horas, y Compromís cuestiona el informe y exige una comparecencia del alcalde

Ayuntamiento de Calp, con el voto único del equipo de gobierno (PP, APPC y GdC), eludirá que los concejales de la actual corporación que en 2011 acordaron despedir a 56 trabajadores tengan que responder con su patrimonio tras conocerse la sentencia por la que el consistorio tendrá que indemnizar a 14 de aquellos exempleados, además de readmitirlos. Dos de los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, habían solicitado en el pasado pleno que se responsabilice patrimonialmente a esos ediles, pero el equipo de gobierno dejó el asunto sobre la mesa a la espera de que la Secretaría municipal emitiera informe que aclare si, a la hora de votar esa cuestión, deben abstenerse aquellos concejales. La discusión jurídica es crucial por cuanto de que puedan o no puedan votar depende que salga o no adelante la iniciativa de la oposición, pues se da por descontado que PP, APPC y GdC votarán en contra de que deban abstenerse y PSPV, Compromís y SSPC, a favor.

Un pleno del Ayuntamiento de Calp.

El caso es que el informe jurídico ya está redactado, pero no por Secretaría. El gobierno local lo ha encargado a un gabinete externo. Y concluye que no hay inconveniente en que voten. La oposición, sin embargo, discrepa, y el gobierno local se ha dado prisa en convocar la sesión extraordinaria, que tendrá lugar a las 19 horas de este martes.

Por cierto, que el alcalde, César Sánchez, que ya en la pasada sesión se ausentó antes de debatirse este punto, no estará seguramente en el pleno, pues ha firmado la resolución por la que delega sus poderes en el primer teniente de Alcaldía para los próximos días.

El informe externo sostiene, en primer lugar, que el pleno municipal no tiene “atribución competencial específica para incoar y resolver los expedientes de responsabilidad patrimonial” y que, por tanto, la competencia le correspondería al alcalde o, por delegación, en la Junta de Gobierno Local. Y eso, añade, “deja en vía muerta el debate sobre la abstención de los concejales afectados”.

No obstante, el informe entra también “como mera hipótesis” al fondo del asunto sobre si deben o no abstenerse los concejales que en 2011 aprobaron los despidos. Y lo hace, también, para rechazar la petición de los grupos de la oposición.

Sin embargo, en la oposición insisten en que los concejales que en la pasada legislatura aprobaron los despidos no deberían participar en la votación para decidir si se les responsabiliza por la adopción de aquella medida. Al menos en Compromís, que señala que “el informe hace una interpretación forzosa de lo que supone la obligación de abstención”.

Los valencianistas señalan que no vale el argumentpo de que la propuesta a debatir no suponga un enriquecimiento personal directo de los concejales. “Naturalmente”, señala Compromíś, pues lo que acarrea es “la posibilidad de un empobrecimiento”.

En su opinión, “llama la atención que ante la claridad de la ley se acuda a interpretaciones de la misma de casos que en ningún caso pueden ser considerados análogos”. La secretaria asienta su dictamen en una sentencia del TSJ de La Rioja que resuelve un caso “que poco o nada tiene que ver”, dice la coalición, con el caso calpino. Y es que, añaden, “la ley establece que se apreciará causa de abtencióń cuando haya interés patrimonial directo, sin matizar si este interés debe ser positivo o perjudicial, como es el caso”.

Compromís también rebate la conclusión del informe de que el pleno no pueda pronunciarse sobre la cuestión. En este sentido, advierte:

  • “Que no se entiende el pronunciamiento del informe en este sentido, siendo que el mismo fue solicitado por el grupo Compromís en el mismo pleno y en ningun caso se solicitó un pronunciamiento al respecto”.
  • “Que no se pronuncia el informe sobre la problemática que suscitaria que la competencia para iniciar las acciones las tenga aquél que, como hemos dicho, debe abstenerse. Entendemos que difícilmente una persona que tiene un interés patrimonial directo sobre el asunto vaya a iniciar el expediente”.
  • “La interpretación que se hace es de nuevo extremadamente forzosa, pues si bien es cierto que la ley no prevé expresamente el órgano competente para la iniciación del procedimiento, entendemos que el pleno es el máximo órgano del ayuntamiento y que por tanto no hay inconveniente alguno para que sea éste quien decida”. 

El gabinete redactor del informe es el mismo que defendió los despidos en el procedimiento judicial

Pese a todo, a Compromís no le sorprende del todo el sentido del informe. Recuerda que el bufete que lo emite es el mismo que defendió la postura del ayuntamiento en los tribunales ante la denuncia de los trabajadores.

Para la coalición, es “una absoluta vergüenza y falta de ética por parte de quien aún no ha dado la más mínima explicación” por un asunto que le a a costar al ayuntamiento más de 1,5 millones de euros “por su mala gestión”. Y avanza que, “en vista de que no parece que los cauces ordinarios sean suficientes, Compromís solicitará formalmente la comparecencia del alcalde para que se pronuncie sobre el tema”. 

Mostrando 1 Comentario
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  1. Jaime dice:

    K paguen cn su patrimonio y k pague mas el k tuvo la idea de despedir a los trabajdores

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