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Publicado: Jueves, 16 Febrero, 2017

Calp y la justicia de los políticos

EDITORIAL

Vaya con la que ha liado en Calp la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al ayuntamiento a indemnizar y readmitir a 14 de los 60 trabajadores que despidió el gobierno del Partido Popular en 2011. Aunque realmente habría que reformular la afirmación: Vaya con la que lió en 2011 el Partido Popular al despedir a 56 trabajadores ilegalmente, como acaba de concluir el Tribunal Supremo resolviendo un recurso en casación de 14 de aquellos empleados municipales. Ahora sí.

Y es que hablar de despidos, con todo lo que implicaba verse en el paro en lo peor de la crisis, suena incluso suave, en este caso. La oposición habla directamente de represaliados, de víctimas de una “persecución política”. En plena recesión económica, el gobierno del PP optó por desprenderse de una parte importante de la plantilla municipal. El calpino es, y lo era ya entonces, el consistorio más ahogado por los problemas económicos en la Marina Alta. Puede que la necesidad de aligerar plantilla estuviera justificada. El problema es que el PP eligió. Eligió despedir a unos y no a otros. Y la elección no se realizó por razones objetivas. Eso en la empresa privada puede ser irresponsable, pero allá cada empresario con los riesgos que esté dispuesto a asumir; en una administración pública es igual de irresponsable, pero además ilegal, como constata la sentencia, y el riesgo se le transfiere a la ciudadanía.

El caso es que, al final, al PP le ha acabado saliendo el tiro por la culata. ¿O no? Sí, tendrá que readmitir a esos 14 trabajadores. Pero… ¿y los otros 42, que no acudieron al Supremo? El PP se los ha ahorrado. Consiguió su objetivo: durante cinco años se ha quitado de encima a aquellos 46 empleados. Y al final de todo el proceso, va a tener que readmitir a 14 a los que ya ha dicho que volverá a despedir al día siguiente. Y que nadie se engañe: las indemnizaciones las van a pagar todos los ciudadanos.

Es curioso, pero casi hay que dar gracias. El descalabro ocasionado aún podría haber sido mucho mayor. Si la sentencia puede suponerle al municipio ahora 2 millones de euros (esa es la estimación que ha hecho el PSPV), afectando a 14 trabajadores, hubiera sido de 6,6 millones si los 60 afectados hubieran acudido al Supremo. Vean el calibre de la irresponsabilidad de la decisión tomada en 2011. Sin embargo, los concejales que aprobaron aquella medida salen en realidad indemnes. Insistimos, pagarán los ciudadanos, y a otra cosa mariposa.

Porque eso de que los concejales que aprobaron los despidos respondan con su patrimonio, acabará en nada. Primero, porque el gobierno local, y eso engloba al PP pero también a sus socios, APPC y GdC, ya dejaron claro en el pleno del martes que no quieren ni oír hablar de esa posibilidad y, por tanto, no lo van a aprobar. Segundo, porque aunque se aprobara (para ello sería necesario que, como pide la oposición, no puedan votar el punto los ediles que acordaron en su día los despidos), estas cosas siempre acaban en nada. En todo el mundo, en mayor o menor medida, hay una justicia para pobres y otra para ricos. En este país son tres las justicias. Está también la de los políticos, que para algo hacen las leyes.

Un llamativo silencio. La postura del actual ejecutivo durante ese pleno fue como poca asombrosa: nadie dio una sola explicación. Ni el alcalde, César Sánchez, que por si fuera poco se ausentó de ese debate; ni el edil de Recursos Humanos, Manuel Cabrera; ni sus dos socios independientes, APPC y GdC, que tan críticos se mostraron con los despidos hace 6 años. En este sentido, llama la atención el silencio del portavoz Gent de Calp, Pedro Jaime Fernández, tan beligerante entonces con el PP, tan calladito ahora con su actual aliado.

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  1. Una recuperacion politica absurda y populista de la peor manera. Basta de intentar de destabilizar el poder de las urnas de Calpe, algunos se deben aceptar el voto de la mayoria de los Calpios y dejar que gobierna el PP y sus aliados en Calpe hasta las proximas elecciones. Eso es democracia.

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