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Publicado: Martes, 14 Febrero, 2017

César Sánchez y sus socios se borran del pleno que debatía que los ediles implicados paguen de su bolsillo los despidos

  • El alcalde de Calp se ausenta apenas unos minutos antes del punto, mientras que APPC y GdC, muy críticos cuando el PP tomó la medida en 2011, guardan ahora silencio
  • El equipo de gobierno logra aplazar la votación de las propuestas de PSPV y Compromís, que pedían que los concejales que los aprobaron respondan patrimonialmente por los despidos anulados por el Supremo

Dieciséis horas y cincuenta y cinco minutos de este martes. A mitad del pleno que celebraba el Ayuntamiento de Calp, el alcalde, César Sánchez (PP), se levanta de su silla y abandona la sesión. Su doble condición de primer edil y presidente de la Diputación de Alicante constriñe su agenda y es habitual esta legislatura que se ausente de algunas de las sesiones. El caso es que solo un par de minutos después llegaba el debate de las dos iniciativas presentadas por la oposición en relación a la sentencia que condena al ayuntamiento a readmitir e indemnizar a los 14 trabajadores despedidos en la pasada legislatura por el gobierno del Partido Popular, y en las que pedían que los ediles que aprobaron aquellos despidos respondan patrimonialmente por ello y no gravar, así, las finanzas municipales. “El alcalde nunca está cuando se debate un tema espinoso”, comentaba un poco después el portavoz del grupo socialista, Santos Pastor.

El alcalde, César Sánchez, en un pleno de la pasada legislatura, cuando se produjeron los despidos.

Pero esta vez no solo se borró del pleno César Sánchez. También lo hicieron -no físicamente, pero sí en el sentido de que no abrieron la boca- los dos socios de gobierno del Partido Popular: Alternativa Popular para Calpe (APCC) y Gent de Calp (GdC). Compromís y Sí Se Puede Calp (SSPC) hicieron notar el silencio de los dos grupos muleta del PP en el gobierno, recordando la “vehemencia” con la que, en la pasada legislatura -cuando estaban en la oposición-, criticaron aquellos despidos.

Hay que decir que el gobierno local, aun con la ausencia de Sánchez y el silencio de sus socios, logró aplazar el debate. Al final, las dos propuestas presentadas por Compromís y PSPV se quedaron sobre la mesa para un posterior pleno, a la espera de que se recabe un informe jurídico sobre si pueden o no votarlas los ediles que, en la pasada legislatura, aprobaron los despidos.

Las dos iniciativas de la oposición compartían lo fundamental: lamentar el agujero económico que aquella decisión del año 2011 ha acabado ocasionando, y exigir que los concejales que los aprobaron se hagan cargo con su patrimonio de las cantidades a abonar a los despedidos.

El portavoz de Compromís, Ximo Perles.

La primera propuesta a debatir era la de Compromís, y la defendió su portavoz Ximo Perles. Puso el acento en que la decisión de los despidos era ya “cuestionable” desde el primer momento en que se plantó en 2011, “en plena crisis”, y el resultado ha acabado siendo “muy lesivo” para los intereses municipales. Por ello, añadió, “hay que asumir responsabilidades” por parte de los ediles que apoyaron la medida y no trasladar el problema a la ciudadanía.

Además, la iniciativa valencianista pedía también que se reclame una indemnización a la Administración de Justicia, ya que la dilación del proceso, que ha durado cinco años, ha incrementado la cuantía a la que ahora tendrá que hacer frente el consistorio, si no acaban respondiendo patrimonialmente los concejales. También pidió Perles que el gobierno local se dirija a los trabajadores despedidos y que no serán readmitidos, “al menos para pedirles disculpas” tras demostrarse que los despidos fueron ilegales. Hay que recordar que la sentencia solo genera efectos para los 14 trabajadores que recurrieron en casación, pero hubo otros 42 despedidos.

Sin embargo, el debate se quedó ahí, sin posibilidad de votación, a raíz de que el portavoz de Compromís expresara su opinión de que los ediles del PP que ya formaban parte de la anterior corporación y por tanto votaron a favor de los despidos -entre ellos el alcalde- no deberían votar la propuesta. Elevada la consulta a la secretaria, ésta dijo que en principio consideraba que sí podían votar, pero que necesitaría “al menos 10 días” para poder estudiar esta cuestión y elaborar un informe. Eso dio pie a Manuel Cabrera (PP), que ejercía de alcalde desde la marcha de Sánchez, a plantear dejar el punto sobre la mesa.

Las dudas legales sobre si los ediles que aprobaron la medida podían votar o no llevan a aplazar la dotación a la espera de un informe de Secretaría

El portavoz socialista, Santos Pastor.

Lo mismo sucedería con la propuesta socialista, pues también pedía que se votara sobre reclamar responsabilidad patrimonial a los concejales que aprobaron los despidos. El portavoz del PSPV, Santos Pastor, acusó a los ediles del PP de mirar por sus intereses patrimoniales en lugar de por “el interés del ayuntamiento y de los ciudadanos”.

Asimismo, Pastor exigió “que se haga público el coste” que la sentencia va a tener para el municipio entre salarios de tramitación, indemnizaciones y cotizaciones a la Seguridad Social, aunque el PSPV ya aventura que la cifra rondará los dos millones de euros.

Para los socialistas, ahora se da otra circunstancia “grave”: que no se haya procedido todavía a la readmisión de los 14 trabajadores, pues “cada día que pase van a seguir cobrando sin venir a trabajar y, por tanto, sin prestar servicio a los ciudadanos”.

En cualquier caso, los planes del gobierno local no pasan por que esos 14 trabajadores presten muchos servicios desde el ayuntamiento. Como ya informó este periódico, en la comisión informativa previa al pleno el concejal de Recursos Humanos, Manuel Cabrera, comunicó al resto de grupos que el mismo día en que sean readmitidos para cumplir con la sentencia, los 14 serán nuevamente despedidos con la indemnización estricta que establece la legislación laboral tras la última reforma: 20 días por año trabajado.

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