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Publicado: Sábado, 31 Diciembre, 2016

De aquellos errores, estas condenas

  • ¿Por qué el gobierno de Dénia culpa al anterior ejecutivo del PP de las tres sentencias que acaban de condenar al ayuntamiento a pagar más de 15 millones de euros por expropiaciones de suelo? Aquí las claves

Las tres sentencias que el actual gobierno de Dénia dio a conocer este viernes, y que le suponen al ayuntamiento un revés económico de enormes proporciones, pues va a tener que pagar más de 15 millones de euros por tres asuntos urbanísticos, pudieron haberse evitado. Hay en el consistorio documentos que así lo acreditan, y de ahí que tanto el alcalde, Vicent Grimalt, como los conconcejales Josep Crespo y Paco Roselló, consideraran plenamente justificada la apertura de una investigación y la depuración de responsabilidades por la gestión de estos asuntos en la pasada legislatura, cuando gobernaba el ayuntamiento el Partido Popular (primero en coalición con Centre Unificat, y después en solitario).

De aquellos errores han venido estas condenas, piensan en el equipo de gobierno. Para repasarlos, conviene ir caso por caso.

Condena por la expropiación para abrir la avenida de Ramón Ortega: 10,1 millones (más intereses y costas)

Es la condena más abultada en lo económico, y el asunto urbanístico que viene más de lejos. Se remonta, de hecho, a un convenio firmado por el Ayuntamiento de Dénia con la familia Martínez Alberola en el año 1997 para la obtención de algo más de 5.000 metros cuadrados al objeto de abrir la avenida de Ramón Ortega.

Pasados diez años de la firma del convenio y sin que éste se hubiera ejecutado, la familia Martínez Alberola reclamó administrativa y judicialmente al consistorio en 2007 que se hiciera efectiva la expropiación. La ley contempla esa posibilidad, en los convenios expropiatorios, si transcurridos al menos cinco años no se ha cumplido con lo conveniado. El litigio se resolvió con una primera sentencia que obligó al consistorio a iniciar el correspondiente expediente de justiprecio. En 2013, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa (JEF) da por buena la valoración del aprovechamiento urbanístico presentada por los propietarios y fija el justiprecio en 10.149.480 euros. Entonces, el Ayuntamiento de Dénia recurrió ese acuerdo del JEF, pero el TSJ desestimó el recurso en abril de 2015.

La avenida de Ramón Ortega, en una imagen del año 2002. FOTO: Blog 'Dénia, el rincón del Gatho'

La avenida de Ramón Ortega, en una imagen del año 2002. FOTO: Blog ‘Dénia, el rincón del Gatho’

Aquí hay que separar dos cosas. Una es que en casi 20 años transcurridos desde la firma del convenio, el ayuntamiento no ha cumplido con lo firmado. Y han pasado gobiernos de todos los colores. Posiblemente haya que buscar más errores que los que se hayan podido cometer en la pasada legislatura. Ahora bien, las anteriores corporaciones no pagaron porque no quisieron, o quizás porque entendían que no debían pagar. Esa de, hecho, es la postura que el Ayuntamiento de Dénia ha mantenido en el litigio.

La anterior sentencia con la que el TSJ validó en 2015 la valoración del aprovechamiento urbanístico derivado del convenio fue recurrida de inmediato en casación por el Ayuntamiento de Dénia, aún bajo gobierno del Partido Popular. A la valoración de 10,1 millones fijada por el jurado de expropiaciones, el consistorio contraponía que el valor de los terrenos era en realidad de cero, pues el aprovechamiento urbanístico se había ido “absorbiendo en la transformación de parcelas en solares, con las consiguientes cesiones obligatorias”.

Y aquí es donde viene el error al que alude el actual gobierno, y del que culpa al anterior ejecutivo del PP. La sentencia definitiva, que llegó al ayuntamiento el pasado día 22, señala que esa afirmación del consistorio “no resulta acreditada suficientemente”. Es decir, que no bastaba que el ayuntamiento considerara que no debía pagar nada a la familia Martínez Alberola, sino que debía apoyar esa afirmación en documentos, y no lo hizo.

“Mínimo rigor”

En palabras empleadas por el propio juez, “fácil tenía el ayuntamiento acreditar, en cuanto administración urbanística, la realidad del agotamiento del aprovechamiento objeto del convenio por las operaciones que insinúa con el mínimo rigor”. Pero no lo hizo.

De ahí que en otros pasajes de la sentencia el magistrado cuestione abiertamente la defensa realizada por el Ayuntamiento de Dénia. Dice, por ejemplo, que el argumento de que el aprovechamiento había quedado agotado “está defectuosamente planteado y, en consecuencia, debe desestimarse”. Pero, además, afirma que entra en contradicción con otras de las alegaciones planteadas por el consistorio.

La consecuencia final es que el Ayuntamiento de Dénia va a tener que pagar -aquí ya no cabe recurso- 10,1 millones de euros más intereses y costas judiciales. La broma se va a ir, según el concejal de Hacienda, Paco Roselló, hasta los 11 y medio.

Expropiación de zona verde en les Marines: 2 millones

La segunda de las sentencias que han llegado recientemente al consistorio se corresponde con un caso similar, aunque no tan remoto en el tiempo. Se trata, también, de un procedimiento expropiatorio de una parcela calificada como zona verde en les Marines. Igual que en el caso anterior, transcurridos los cinco años sin que se ejecutara la expropiación, los propietarios reclamaron y ahora el ayuntamiento tiene que abonarles dos millones de euros.

¿Cuál es en este caso el error que el actual gobierno atribuye al anterior? Lo explicó el alcalde, Vicent Grimalt. Esos dos millones de euros “es la valoración que se hizo desde Urbanismo” cuando se discutía el justiprecio en el JEF. “La sorpresa ha venido cuando hace unos meses encargamos desde Intervención una tasación externa de los terrenos, y dice que no valen más de 600.000 euros”, añadió el primer edil.

Expropiación en la avenida de Valencia: 1,3 millones (más intereses y costas)

Es el tercero de los “regalos envenenados” de Navidad recibidos por el ayuntamiento, por emplear la expresión que usó Paco Roselló en la rueda de prensa, y también podía haberla evitado el gobierno del PP, según PSPV y Compromís. La razón está en los cajones del ayuntamiento. Por este asunto, el consistorio ya fue condenado en primera instancia en el año 2011; la nueva sentencia, fechada el pasado 4 de noviembre, confirma aquel primer fallo. Pero según desveló este viernes el concejal de Hacienda, en el consistorio figura un informe del abogado que llevaba los asuntos municipales, de 22 de julio de 2010, que aconsejaba evitar el procedimiento judicial. “Es conveniente llegar a una transacción extrajudicial”, dice ese informe.

Es decir, que el propio letrado del consistorio, ante la reclamación interpuesta por la promotora Al-Naima, propietaria de los terrenos, abogaba por negociar un acuerdo con ella. No le hicieron caso. El ayuntamiento optó por litigar, y lo va a acabar pagando.

¿Y ahora qué?

Pues no queda otra que negociar, al menos en el caso de la sentencia de mayor cuantía, que ya es firme; y confiar en la buena disposición de la otra parte para que esas conversaciones acaben en acuerdo. De lo contrario, abonar íntegramente las cantidades de las condenas ocasionarán un problema más que serio. Como recordó el alcalde el viernes, 15 millones de euros vienen a ser la tercera parte de todo el presupuesto anual del ayuntamiento.

Pero el gobierno local no se quiere quedar ahí. Pretende además aclarar lo sucedido y que los responsables de esos errores los paguen. El alcalde no dudó en afirmar que si algún técnico “se tiene que ir a la calle, se irá”.

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